15J: El día de la discordia

El pasado 15 de junio miembros del movimiento 15M barcelonés  se concentraron a las puertas del Parlamento de Catalunya en un acto de protesta. El objetivo del mismo era el bloqueo de la sesión parlamentaria en la que se votaban los presupuestos y se aprobaba la controvertida Ley Ómnibus.

Ley en mano es incuestionable la ilegalidad del bloqueo de una votación parlamentaria, pero si valoramos su legitimidad el hecho no debería ser reprochable, sobre todo si tenemos en consideración que el objetivo de la ley en cuestión era la aprobación de unas medidas políticas dirigidas a recortar servicios sociales como la sanidad y la enseñanza.

Vivimos bajo un régimen de democracia representativa en la que la ciudadanía, de forma libre, elige cada 4 años a sus portavoces. Hasta aquí todo bien, pero si nos sumergimos en las reglas del juego electoral, la posibilidad de participación y la libertad del ciudadano queda en entredicho, especialmente si nos atenemos al sistema de listas cerradas y al hecho que los partidos elegidos no estén obligados a cumplir el programa propuesto en sus campañas. En este sentido ¿Qué capacidad legal y real tiene el pueblo de mostrar su disconformidad a sus representantes? Claramente limitada. Por el contrario, el gobierno sí tiene capacidad legal y real de consultar la opinión de los ciudadanos mediante formas legales como los referéndums. Sobre todo si se trata de aprobar leyes de tan alta repercusión social como la Ley Ómnibus así debería ser. No hacer uso de esta herramienta convierte un hecho legal en ilegítimo, y en consecuencia, actos de desobediencia civil como el del 15J en el Parlamento no se pueden considerar ilegítimos aunque sean ilegales.

Pero la verdadera controversia, en cuanto a la legitimidad o no de la protesta, aparece cuando hablamos de la violencia ejercida ese día por una parte de los asistentes. Es innegable que ésta existió y entendible que se rechace. Pero también en este punto debemos honestamente profundizar en la misma ya que las circunstancias que rodearon los actos de protesta, así como la difusión que se hizo a través de los medios de comunicación, han conducido a la criminalización de una sola parte de los implicados y de los que la ejercieron.

Aquí es donde deben entrar en consideración algunas cuestiones: ¿Es legítima la violencia policial por más legal que se considere? ¿No es violencia que hayan casi 5 millones de parados y que las medidas del gobierno sean los recortes sociales? ¿Deben los ciudadanos callar ante instituciones con las que no se sienten representados? ¿Hay que seguir sacralizando un sistema político obsoleto e infuncional como el nuestro sólo porqué se vivieron tiempos peores?

El debate sigue en la calle mientras la Audiencia Nacional inicia un proceso judicial contra algunos ciudadanos indignados con el sistema que, sin miedo a represalias, el 15J acudieron al Parlamento a decir nuevamente "No nos representan".