“El reconocimiento de la libertad de expresión fue una de las primeras conquistas de las declaraciones de derecho. Ha pasado mucho tiempo desde ese momento, pero se mantienen casi intactas dos de las características más destacadas de esta libertad: la relevancia social y la complejidad para delimitarla”. Estas palabras que Laura Díez Bueso, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, plasma en su artículo “La libertad de expresión y sus límites” describen con claridad los peligros a los que nos enfrentamos al plantearnos la posibilidad de prohibir discursos como los de la extrema derecha. Y si además tenemos en cuenta que el derecho a la libre expresión es indicador de una buena salud democrática, la dificultad se acrecienta.
El 26 de junio de 1.945, como reacción a los graves delitos contra la humanidad cometidos en la Segunda Guerra Mundial, las naciones europeas firmaron la Carta de las Naciones Unidas. Este documento señala en su artículo primero la necesidad de alcanzar una cooperación internacional “en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión” como una de sus metas principales. Tres años después se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuyo artículo 19 defiende la libertad de opinión y expresión como un derecho fundamental inherente a todo ser humano. Pero, ¿qué hacer cuando en el ejercicio de ese derecho se expresan opiniones que incitan a la intolerancia y al odio? ¿Se deben prohibir estos discursos poniendo en juego el derecho a la libertad de expresión?
Según Miguel Ángel Aguilar, fiscal especial de delitos de odio y discriminación de Barcelona, “bajo ningún concepto la libertad de expresión debe permitir amparar el discurso del odio, es decir, aquel que encierra un peligro y una hostilidad a las personas por razones de raza, origen, orientación sexual o religión, entre otros motivos”.
Esta misma posición es defendida por “Acció Popular contra la Impunitat”, plataforma valenciana que el pasado 9 de noviembre, Día Internacional contra el Fascismo, entregó a las Cortes Valencianas un manifiesto reivindicando la defensa de los derechos humanos contra los discursos y delitos de odio. El documento, firmado por veinte asociaciones, plantea el peligro del discurso del odio y el hecho de que éste se normalice en el juego democrático, señalando el creciente resurgir de la extrema derecha en Europa, dónde ya hay más de 70 regidores pertenecientes a fuerzas políticas con discursos fascistas, siendo éstos la antítesis de la democracia.
En este escenario los medios de comunicación ejercen un papel decisivo ya que, en el ejercicio de su derecho a la información, acaban actuando como altavoces de estos discursos del odio. Ante esta responsabilidad, ¿deberían restringir estas informaciones para evitar la posible incitación de éstos a la violencia, o, por el contrario, mostrarlas sin tapujos como evidencia de su existencia?
Victoria Camps, catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) no cree posible demostrar la causalidad entre el lenguaje violento y la violencia, pero aclara que esto no significa que la dinámica no tenga consecuencias: "Este lenguaje político agresivo, del que en buena parte son responsables los medios, es contraproducente para la política y malo para la democracia".
Este papel de los medios y el peligro que comporta a nivel social la difusión del discurso del odio queda patente en el libro Cornetas del apocalipsis del periodista José María Izquierdo: "Estas barbaridades no aparecen en panfletos de ciclostil, sino que la extrema derecha va ganando terreno en los medios de la derecha tradicional. No sé si es un peligro para la democracia, aunque creo que sí, pero desde luego lo es para la convivencia".
