El peligro de difundir el odio

“El reconocimiento de la libertad de expresión fue una de las primeras conquistas de las declaraciones de derecho. Ha pasado mucho tiempo desde ese momento, pero se mantienen casi intactas dos de las características más destacadas de esta libertad: la relevancia social y la complejidad para delimitarla”. Estas palabras que Laura Díez Bueso, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, plasma en su artículo “La libertad de expresión y sus límites” describen con claridad los peligros a los que nos enfrentamos al plantearnos la posibilidad de prohibir discursos como los de la extrema derecha. Y si además tenemos en cuenta que el derecho a la libre expresión es indicador de una buena salud democrática, la dificultad se acrecienta.

El 26 de junio de 1.945, como reacción a los graves delitos contra la humanidad cometidos en la Segunda Guerra Mundial, las naciones europeas firmaron la Carta de las Naciones Unidas. Este documento señala en su artículo primero la necesidad de alcanzar una cooperación internacional “en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión” como una de sus metas principales. Tres años después se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuyo artículo 19 defiende la libertad de opinión y expresión como un derecho fundamental inherente a todo ser humano. Pero, ¿qué hacer cuando en el ejercicio de ese derecho se expresan opiniones que incitan a la intolerancia y al odio? ¿Se deben prohibir estos discursos poniendo en juego el derecho a la libertad de expresión?

Según Miguel Ángel Aguilar, fiscal especial de delitos de odio y discriminación de Barcelona, “bajo ningún concepto la libertad de expresión debe permitir amparar el discurso del odio, es decir, aquel que encierra un peligro y una hostilidad a las personas por razones de raza, origen, orientación sexual o religión, entre otros motivos”.

Esta misma posición es defendida por “Acció Popular contra la Impunitat”, plataforma valenciana que el pasado 9 de noviembre, Día Internacional contra el Fascismo, entregó a las Cortes Valencianas un manifiesto reivindicando la defensa de los derechos humanos contra los discursos y delitos de odio. El documento, firmado por veinte asociaciones, plantea el peligro del discurso del odio y el hecho de que éste se normalice en el juego democrático, señalando el creciente resurgir de la extrema derecha en Europa, dónde ya hay más de 70 regidores pertenecientes a fuerzas políticas con discursos fascistas, siendo éstos la antítesis de la democracia.

En este escenario los medios de comunicación ejercen un papel decisivo ya que, en el ejercicio de su derecho a la información, acaban actuando como altavoces de estos discursos del odio. Ante esta responsabilidad, ¿deberían restringir estas informaciones para evitar la posible incitación de éstos a la violencia, o, por el contrario, mostrarlas sin tapujos como evidencia de su existencia?

Victoria Camps, catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) no cree posible demostrar la causalidad entre el lenguaje violento y la violencia, pero aclara que esto no significa que la dinámica no tenga consecuencias: "Este lenguaje político agresivo, del que en buena parte son responsables los medios, es contraproducente para la política y malo para la democracia".

Este papel de los medios y el peligro que comporta a nivel social la difusión del discurso del odio queda patente en el libro Cornetas del apocalipsis  del periodista José María Izquierdo: "Estas barbaridades no aparecen en panfletos de ciclostil, sino que la extrema derecha va ganando terreno en los medios de la derecha tradicional. No sé si es un peligro para la democracia, aunque creo que sí, pero desde luego lo es para la convivencia".

Cuando la amnistía es el camino

En los dos últimos años 20 grupos armados, además de ETA, han dejado las armas y 13 más se encuentran en fase de negociación según el programa de procesos de paz de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona. En cambio, y a diferencia del resto, sólo ETA figura en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea.

Según un estudio realizado por esta misma escuela actualmente hay 1.129.000 personas participando en alguno de los diferentes programas de desarme, desmovilización y reintegración existentes en 20 países. De ellas, un 42% son miembros de Fuerzas Armadas que han iniciado una reducción de efectivos al finalizar un conflicto, un 37% pertenecían a milicias armadas, un 14% a guerrillas y un 6% a grupos paramilitares. Todas ellas culpables de agresiones, violaciones, secuestros y asesinato de millones de seres humanos en todo el planeta, hecho que no ha impedido el inicio de distintos procesos de reinserción social como única vía de solución del conflicto existente, financiados algunos de ellos por organismos como la Unión Europea o el Baco Mundial.

Dada cuenta entonces que el fin de la actividad armada de este tipo de grupos pasa por una negociación y un intercambio, no parece lógico no aplicar estas medidas con ETA en nuestro país. Y si además tenemos en cuenta que la propia organización no pide más contraprestación que la participación política de la izquierda abertzale y, como expone el documentos firmado por el Colectivo de Presos Políticos vascos (EPPK), el fin de la práctica de la dispersión de presos, la liberación de los activistas enfermos, la derogación de la doctrina Parot o la concesión de libertades provisionales a los que cumplan los requisitos legales, sería realmente contraproducente para el proceso de paz en el País Vasco no acceder a estas demandas.

ETA nace en 1.959 en un contexto político social de dictadura. En estos 52 años de conflictos sus exigencias han ido variando, siendo actualmente la cuestión del “derecho a decidir del pueblo vasco” la principal. Desde la restauración de la democracia han existido múltiples acciones, tanto del grupo armado como de los distintos gobiernos ejercientes, de acercamiento al diálogo entre las partes. Todas ellas infructuosas tanto por bloqueos estatales como por decisiones unilaterales de la banda de finalizar las treguas.  Pero en los últimos diez años se vive un giro radical en la historia del conflicto y la izquierda abertzale siendo un buen ejemplo propuestas como la de Anoeta en 2004 en la que se invita al Estado a tratar con ETA el tema de las armas y los presos y se deja otro espacio para que los actores políticos trataran sus temas sin interferencias. Sería injusto a día de hoy, y tras la declaración de autodisolución anunciada por la banda el pasado 20 de octubre, no tener en cuenta esta evolución,  los pasos dados hasta el momento, y las claras intenciones de orientarse a una única vía política para el logro de sus demandas, no tener todo esto en cuenta en el momento de valorar las peticiones de la banda.

El próximo 20 de noviembre hay elecciones estatales, y, si hacemos caso a las encuestas, el partido que más probabilidades tiene de ostentar el mandato es el PP, históricamente cercano a las víctimas y, en sus años de oposición, a una política de tolerancia cero y de bloqueo constante al diálogo. En sus manos estará el fin definitivo del conflicto si accede al intercambio  o si, por el contrario, opta a la fidelidad con la opinión de las víctimas de ETA y de una parte de la ciudadanía española que no contemplan, bajo ningún concepto, la posibilidad de una amnistía para los presos. 

15J: El día de la discordia

El pasado 15 de junio miembros del movimiento 15M barcelonés  se concentraron a las puertas del Parlamento de Catalunya en un acto de protesta. El objetivo del mismo era el bloqueo de la sesión parlamentaria en la que se votaban los presupuestos y se aprobaba la controvertida Ley Ómnibus.

Ley en mano es incuestionable la ilegalidad del bloqueo de una votación parlamentaria, pero si valoramos su legitimidad el hecho no debería ser reprochable, sobre todo si tenemos en consideración que el objetivo de la ley en cuestión era la aprobación de unas medidas políticas dirigidas a recortar servicios sociales como la sanidad y la enseñanza.

Vivimos bajo un régimen de democracia representativa en la que la ciudadanía, de forma libre, elige cada 4 años a sus portavoces. Hasta aquí todo bien, pero si nos sumergimos en las reglas del juego electoral, la posibilidad de participación y la libertad del ciudadano queda en entredicho, especialmente si nos atenemos al sistema de listas cerradas y al hecho que los partidos elegidos no estén obligados a cumplir el programa propuesto en sus campañas. En este sentido ¿Qué capacidad legal y real tiene el pueblo de mostrar su disconformidad a sus representantes? Claramente limitada. Por el contrario, el gobierno sí tiene capacidad legal y real de consultar la opinión de los ciudadanos mediante formas legales como los referéndums. Sobre todo si se trata de aprobar leyes de tan alta repercusión social como la Ley Ómnibus así debería ser. No hacer uso de esta herramienta convierte un hecho legal en ilegítimo, y en consecuencia, actos de desobediencia civil como el del 15J en el Parlamento no se pueden considerar ilegítimos aunque sean ilegales.

Pero la verdadera controversia, en cuanto a la legitimidad o no de la protesta, aparece cuando hablamos de la violencia ejercida ese día por una parte de los asistentes. Es innegable que ésta existió y entendible que se rechace. Pero también en este punto debemos honestamente profundizar en la misma ya que las circunstancias que rodearon los actos de protesta, así como la difusión que se hizo a través de los medios de comunicación, han conducido a la criminalización de una sola parte de los implicados y de los que la ejercieron.

Aquí es donde deben entrar en consideración algunas cuestiones: ¿Es legítima la violencia policial por más legal que se considere? ¿No es violencia que hayan casi 5 millones de parados y que las medidas del gobierno sean los recortes sociales? ¿Deben los ciudadanos callar ante instituciones con las que no se sienten representados? ¿Hay que seguir sacralizando un sistema político obsoleto e infuncional como el nuestro sólo porqué se vivieron tiempos peores?

El debate sigue en la calle mientras la Audiencia Nacional inicia un proceso judicial contra algunos ciudadanos indignados con el sistema que, sin miedo a represalias, el 15J acudieron al Parlamento a decir nuevamente "No nos representan".

Las miradas que el burka esconde

La Generalitat de Catalunya se plantea prohibir el burka y el niqab en las calles, ley que, de ser aprobada, entraría en vigor a finales del 2012 o principios del 2013. La justificación de la misma estriba, según el  consejero de Interior, Felip Puig, en velar por la seguridad pública. El mismo que, en nombre de la seguridad ciudadana y la higiene, ordenó el desalojo de los miembros del  15M acampados  en la Plaza de Catalunya en Barcelona en el que se contabilizaron más de 120 heridos.

Otras voces, como es la de la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, apoyan la iniciativa amparándose en la defensa de la dignidad de la mujer, víctima de un trato discriminatorio que, tras su velo, observa las miradas de un incomprensivo y punitivo Occidente.

Entendiendo el acto legislativo como fruto de una demanda social, estaríamos ante una decisión política injustificada teniendo en cuenta el limitado uso que, en nuestro país, tienen este tipo de prendas. Y si a este hecho añadimos el escaso efecto que este tipo de sanciones tienen, sobretodo si no van acompañadas de otras medidas pedagógicas y de diálogo social, entonces nos hallamos ante una iniciativa que despierta la duda y el debate sobre lo que realmente esconde. María Cilleros, miembro de la asociación ASHDA que trabaja en Afganistán en defensa de la situación de la mujer, refuerza esta posición argumentando la necesidad de invertir en educación feminista y en valores de respeto y no limitarse a una simple prohibición.

Castigar a las víctimas en nombre de la libertad

Me parece oportuno aclarar que no apoyar la prohibición del velo integral, a pesar de tratarse  de una prenda que, no sólo resulta físicamente incómoda, sino que a su vez es un claro símbolo de una situación de subordinación para quién la lleva, no significa, necesariamente,  situarse a su favor.

Pero no por ello su prohibición resulta la medida óptima, ni siquiera bajo la bandera de la defensa de los derechos humanos de un colectivo oprimido ya que nunca es solución para la víctima ser objeto directo del castigo y la sanción mientras opresor sigue libre de pecado y de continuar la represión en otros escenarios fuera de los ojos de la justicia pública.

A su vez, no es difícil prever las consecuencias que este tipo de decisiones políticas, en las que un colectivo queda directamente señalado, acarrean en una sociedad que continuamente da muestras de sus dificultades de convivencia con las poblaciones inmigrantes. Me refiero a un crecimiento de la xenofobia en general y, en este caso concreto, de una islamofobia, que desde el 11S neoyorquino y el 11M en Madrid, se ha visto incrementado de forma evidente. Discurso éste defendido por la Junta Islámica Catalana que en palabras de su presidente Abdennur Prado nos advierte del grave peligro que se corre  “al incluir en la agenda política un tema de la extrema derecha que favorece discursos salafistas y fundamentalistas”.