En los dos últimos años 20 grupos armados, además de ETA, han dejado las armas y 13 más se encuentran en fase de negociación según el programa de procesos de paz de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona. En cambio, y a diferencia del resto, sólo ETA figura en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea.
Según un estudio realizado por esta misma escuela actualmente hay 1.129.000 personas participando en alguno de los diferentes programas de desarme, desmovilización y reintegración existentes en 20 países. De ellas, un 42% son miembros de Fuerzas Armadas que han iniciado una reducción de efectivos al finalizar un conflicto, un 37% pertenecían a milicias armadas, un 14% a guerrillas y un 6% a grupos paramilitares. Todas ellas culpables de agresiones, violaciones, secuestros y asesinato de millones de seres humanos en todo el planeta, hecho que no ha impedido el inicio de distintos procesos de reinserción social como única vía de solución del conflicto existente, financiados algunos de ellos por organismos como la Unión Europea o el Baco Mundial.
Dada cuenta entonces que el fin de la actividad armada de este tipo de grupos pasa por una negociación y un intercambio, no parece lógico no aplicar estas medidas con ETA en nuestro país. Y si además tenemos en cuenta que la propia organización no pide más contraprestación que la participación política de la izquierda abertzale y, como expone el documentos firmado por el Colectivo de Presos Políticos vascos (EPPK), el fin de la práctica de la dispersión de presos, la liberación de los activistas enfermos, la derogación de la doctrina Parot o la concesión de libertades provisionales a los que cumplan los requisitos legales, sería realmente contraproducente para el proceso de paz en el País Vasco no acceder a estas demandas.
ETA nace en 1.959 en un contexto político social de dictadura. En estos 52 años de conflictos sus exigencias han ido variando, siendo actualmente la cuestión del “derecho a decidir del pueblo vasco” la principal. Desde la restauración de la democracia han existido múltiples acciones, tanto del grupo armado como de los distintos gobiernos ejercientes, de acercamiento al diálogo entre las partes. Todas ellas infructuosas tanto por bloqueos estatales como por decisiones unilaterales de la banda de finalizar las treguas. Pero en los últimos diez años se vive un giro radical en la historia del conflicto y la izquierda abertzale siendo un buen ejemplo propuestas como la de Anoeta en 2004 en la que se invita al Estado a tratar con ETA el tema de las armas y los presos y se deja otro espacio para que los actores políticos trataran sus temas sin interferencias. Sería injusto a día de hoy, y tras la declaración de autodisolución anunciada por la banda el pasado 20 de octubre, no tener en cuenta esta evolución, los pasos dados hasta el momento, y las claras intenciones de orientarse a una única vía política para el logro de sus demandas, no tener todo esto en cuenta en el momento de valorar las peticiones de la banda.
El próximo 20 de noviembre hay elecciones estatales, y, si hacemos caso a las encuestas, el partido que más probabilidades tiene de ostentar el mandato es el PP, históricamente cercano a las víctimas y, en sus años de oposición, a una política de tolerancia cero y de bloqueo constante al diálogo. En sus manos estará el fin definitivo del conflicto si accede al intercambio o si, por el contrario, opta a la fidelidad con la opinión de las víctimas de ETA y de una parte de la ciudadanía española que no contemplan, bajo ningún concepto, la posibilidad de una amnistía para los presos.
